Freno judicial al cierre de Vialidad Nacional: la Justicia suspende el decreto de Milei
El decreto presidencial es cuestionado por su inconstitucionalidad, ilegalidad y violación a derechos laborales.
En un nuevo revés para el Gobierno Nacional, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 dictó una medida cautelar que suspende la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tal como había sido dispuesto en el Decreto Delegado 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el pasado 7 de julio en el Boletín Oficial.
El pedido fue impulsado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, con el patrocinio legal de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia. La demanda apunta a la “inconstitucionalidad, ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” del decreto, al sostener que la norma vulnera derechos laborales y humanos fundamentales, afectando a más de 5.200 trabajadores y trabajadoras de todo el país.
Los argumentos jurídicos hacen hincapié en que el Poder Ejecutivo no posee facultades para eliminar organismos creados por ley, como lo es Vialidad Nacional. En este sentido, se recuerda que el Artículo 76 de la Constitución Nacional impide delegar atribuciones legislativas, excepto bajo condiciones estrictas que no se cumplen en este caso. Por ello, se considera que el cierre de la DNV por decreto representa una extralimitación del Ejecutivo.
La jueza Marta Rey, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, también ordenó una medida de “no innovar” para garantizar el pago de salarios y la estabilidad laboral del personal mientras avanza el expediente judicial. El amparo incluye un pedido subsidiario: que, en caso de sostenerse el cierre, los trabajadores sean absorbidos en otras dependencias del Estado sin pérdida de derechos ni antigüedad.
En paralelo, voces críticas surgieron desde el sector empresarial. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, alertó sobre la falta de claridad y viabilidad del traspaso de 9.120 kilómetros de rutas nacionales a manos privadas. “Se entró en un mundo desconocido”, afirmó, remarcando que la existencia de organismos estatales viales es una constante en todo el mundo.
Asimismo, Camarco advirtió que mantener anualmente las rutas requiere inversiones de u\$s4.213 millones, pero que reparar infraestructuras abandonadas costaría más de u\$s40.000 millones. La relación costo-beneficio pone en cuestión la decisión de “romper antes que mantener”.
