“Un parche sin fondo ni presupuesto”: fuerte crítica del diputado Herrera a la baja de imputabilidad que avanza en Diputados
El diputado riojano Ricardo Herrera denunció que la medida es “electoralista” y fue aprobada sin escuchar voces clave como la Iglesia y organismos de derechos humanos.
En una sesión marcada por la tensión política y el rechazo de sectores opositores, la Cámara de Diputados de la Nación avanzó el martes con un dictamen para modificar el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos considerados graves.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional con respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, UCR, Innovación Federal y la Coalición Cívica, logró mayoría en la Comisión de Legislación Penal y se prepara para ser debatida en el recinto próximamente.
Sin embargo, desde la oposición, referentes de derechos humanos y organizaciones sociales, surgieron fuertes críticas al proyecto. Una de las voces más firmes fue la del diputado nacional por La Rioja, Dr. Ricardo Herrera, quien cuestionó duramente tanto el contenido como las formas del tratamiento legislativo.
“La baja de la edad de imputabilidad a 14 años es un parche que no aporta ni resuelve la situación de una problemática estructural juvenil”, advirtió Herrera desde sus redes sociales.
“Hoy diputados y diputadas del oficialismo y sus aliados, sin escuchar posicionamientos importantes, dieron su apoyo a un 'título' que busca instalar la ministra Bullrich pero que, lejos de aportar al debate y la cuestión de fondo, crea más incertidumbre”, agregó el legislador riojano.
Herrera también denunció la falta de diálogo con sectores clave: “No se contempló la postura de la Iglesia Católica, no se escucharon las miradas de quienes anteponen los derechos humanos y las convenciones internacionales”.
Y alertó sobre una omisión grave en términos de viabilidad legislativa: “Aprobaron el título de un proyecto que NO tiene asignación presupuestaria”, sentenció.
El proyecto habilita la imputación de adolescentes de 14 y 15 años en casos de delitos graves como homicidio, abuso sexual con acceso carnal y robo con arma. Mientras tanto, organizaciones sociales y juristas advierten que esta reforma no solo incumple tratados internacionales de derechos del niño, sino que profundiza la criminalización de la pobreza.
El debate se posiciona como uno de los más polarizantes del Congreso en este 2025, en un contexto en el que la seguridad pública y la percepción del delito juvenil son utilizados como ejes de agenda política.
