“La proscripción de Cristina fue una exigencia del FMI”: advertencia de un juez federal sobre el fallo de la Corte
Denunció presiones del Fondo Monetario Internacional y alertó sobre una “pena humillante y antidemocrática” que reproduce lógicas coloniales.
En una entrevista concedida al programa Mañanas Sylvestre por Radio 10, el juez Alejandro Slokar —referente en el ámbito penal y académico— emitió un contundente análisis sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que inhabilita a Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos. Según el magistrado, la decisión judicial no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso histórico con fuertes condicionamientos del poder económico internacional.
“El castigo que se le impone a la expresidenta remite a una pena infamante, humillante, que tiene raíces en el derecho romano y que hoy opera como una forma de muerte civil”, explicó Slokar. Y fue más allá: “La inhabilitación perpetua fue incorporada al Código Penal en 2002, bajo presión del Fondo Monetario Internacional, en una reforma que se aprobó en una sesión escandalosa del Congreso y que benefició a banqueros acusados tras la crisis del 2001”.
El magistrado trazó una línea directa entre esa reforma, que derogó la Ley de Subvención Económica y modificó la ley de quiebras, y la actual proscripción judicial de Cristina Kirchner. Según Slokar, lo que se impone no es solamente un castigo individual, sino una forma de disciplinamiento político y simbólico: “Reemplazar el juicio del ciudadano por una sentencia judicial es una forma de antidemocracia”.
Durante el diálogo, Slokar también abordó la validez constitucional de la inhabilitación perpetua, cuestionando que nunca haya sido debidamente impugnada, a pesar de su gravedad institucional. “Esto incide directamente en la competencia democrática, y no es un fenómeno nuevo en América Latina. El caso de Lula en Brasil es otro ejemplo claro de cómo las proscripciones alteran el resultado electoral”.
El juez cuestionó además la celeridad inusual con la que se resolvió la sentencia en medio de un proceso electoral —46 días hábiles— y advirtió que “apostar todo a una intervención punitiva de jueces, más aún cuando no son imparciales, es como apagar fuego con más fuego”.
Finalmente, Slokar sintetizó la lógica de fondo que, según él, atraviesa esta situación: “La deuda externa, esa hipoteca colonial que arrastra nuestro país, sigue condicionando el derecho al desarrollo y el ejercicio pleno de la democracia”.
