Pedro Goyochea: “Buscamos un punto de equilibrio para evitar que las familias profundicen su endeudamiento”
El Asesor General de Gobierno explicó el alcance del DNU 1293/2026.
El funcionario señaló que la medida establece una emergencia crediticia y crea herramientas destinadas a proteger los derechos e intereses económicos de las personas que atraviesan situaciones de endeudamiento. “Buscamos un punto de equilibrio entre los compromisos asumidos oportunamente por las partes”, explicó Goyochea al referirse al objetivo central del nuevo régimen.
Según detalló, el decreto incorpora un mecanismo procedimental dentro de Defensa del Consumidor para que las personas endeudadas puedan formular denuncias y acceder a audiencias de mediación, conciliación y autocomposición con los proveedores de créditos.
El objetivo será encontrar acuerdos que permitan afrontar las obligaciones sin que las renegociaciones terminen profundizando la vulnerabilidad económica de las familias.
Una herramienta frente a las prácticas abusivas
Goyochea sostuvo que existen situaciones que pueden configurar prácticas abusivas, entre ellas la aplicación de tasas o costos elevados, la retención de documentación personal y determinados mecanismos vinculados con garantías reales.
También advirtió que, en algunos casos, una deuda originada en un crédito destinado a afrontar una situación de crisis puede terminar creciendo mediante sucesivas renegociaciones.
Frente a ese escenario, explicó que el Estado provincial busca generar una instancia formal donde las partes puedan sentarse a negociar bajo parámetros de buena fe.
¿Dónde debe acudir una persona endeudada?
El funcionario indicó que quienes atraviesen situaciones de morosidad deberán recurrir a Defensa del Consumidor, donde podrán formular la correspondiente denuncia.
A partir de allí se activará el mecanismo de mediación y conciliación, bajo la órbita de la Subsecretaría de Comercio Interior.
Goyochea explicó además que se coordinarán acciones con los 18 departamentos municipales, con el objetivo de facilitar la recepción de denuncias y el acceso de los ciudadanos a estas herramientas.
Complemento a la suspensión de ejecuciones prendarias
El Asesor General de Gobierno explicó que el nuevo régimen complementa la disposición que establece la suspensión de las ejecuciones prendarias durante 180 días.
Según señaló, la suspensión por sí sola no contemplaba una instancia específica para que acreedores y deudores pudieran avanzar en una autocomposición.
El DNU incorpora ese espacio de negociación durante el período de emergencia, buscando que las partes puedan alcanzar acuerdos y evitar que las renegociaciones terminen agravando la situación económica de los deudores.
El Estado no se desentiende
Goyochea remarcó que la medida no elimina las deudas, no modifica los contratos originales y tampoco constituye un plan de desendeudamiento. “Es un conjunto de herramientas que busca un punto de equilibrio”, sostuvo.
En esa línea, planteó que el Estado provincial pretende intervenir mediante mecanismos administrativos para acompañar a las personas que atraviesan situaciones de endeudamiento y evitar que la problemática genere una mayor vulnerabilidad económica y social.
Finalmente, convocó a quienes se encuentren afectados por créditos prendarios, embargos o una morosidad importante a acercarse a Defensa del Consumidor para iniciar el procedimiento correspondiente.
Para Goyochea, el régimen constituye una herramienta de respuesta frente a una problemática que afecta a las familias y que requiere mecanismos que permitan negociar las deudas sin profundizar las dificultades económicas.
