
Milei decretó el nuevo salario mínimo y sigue debajo de la línea de indigencia
El Ejecutivo definió el nuevo salario mínimo a través de un decreto, fijando el monto para los próximos meses en valores por debajo de la línea de indigencia.
El Ejecutivo definió el nuevo salario mínimo a través de un decreto, fijando el monto para los próximos meses en valores por debajo de la línea de indigencia. La medida consolida una creciente disparidad entre el salario y el costo de vida, mientras la Prestación por Desempleo también se ajusta a estos nuevos valores.
A través de la Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo, vital y móvil para el período comprendido entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. El monto definitivo será de $279.718 desde diciembre y llegará a $296.832 en marzo de 2025, consolidando una remuneración que sigue por debajo de la línea de indigencia, que se encuentra en alrededor de $1.001.466 según el Indec.
El anuncio fue hecho después de que no se alcanzara un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresarias, como ocurrió en las reuniones de febrero y julio de este año. Esta falta de consenso habilitó nuevamente al Ejecutivo a intervenir mediante un decreto, lo que ha sido una práctica habitual en los últimos meses. La propuesta de los empresarios consistía en un aumento del 6% escalonado, que elevaría el salario mínimo a $295.000 en marzo de 2025, mientras que los sindicatos, entre ellos la CGT y las CTA, habían exigido una cifra inicial de $572.000.
El salario mínimo para los trabajadores mensualizados bajo el régimen de la Ley Nº 20.744, establecido en la resolución, será de $279.718 a partir de diciembre, con incrementos mensuales hasta llegar a $296.832 en marzo de 2025. Para los trabajadores jornalizados, el aumento será proporcional a su jornada laboral, alcanzando $1.399 por hora en diciembre, con un ajuste mensual hasta llegar a $1.484 por hora en marzo.
Además, la resolución estipula que la Prestación por Desempleo será equivalente al 75% de la mejor remuneración de los últimos seis meses previos al cese del contrato, aunque en ningún caso podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del salario mínimo vigente.
El Gobierno justificó la decisión por la falta de consenso en las negociaciones, y ratificó su intervención en el establecimiento de los valores del salario mínimo, un poder que ha ejercido en repetidas ocasiones en lo que va del año.