Maestra awajún que alertó sobre agresiones sexuales en Amazonas es amenazada por docentes denunciados
Foto: Renato Pajuelo...
Foto: Renato Pajuelo
Rosemary Pioc, docente y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien reveló que, desde el año 2011 hasta la fecha, se han registrado 524 denuncias formales contra docentes por agresiones sexuales a escolares awajún en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, está siendo amenazada por parte de algunos de los maestros involucrados en estas acusaciones. Así lo confirmó este lunes en un nuevo informe de ATV Noticias.
De acuerdo al testimonio de la maestra awajún, los ataques no solo estarían colocándola en riesgo a ella, sino también a las familias denunciantes a quienes buscarían silenciar en su lucha por erradicar el abuso y la violencia sexual en las escuelas del territorio indígena.
“Me dicen tú andas sola, son docentes que están denunciados, hasta los mismos maestros amenazan al padre de familia cuando quiere denunciar”, indicó Pioc.
En esa línea, como mecanismo de defensa autónomo para garantizar la seguridad de los escolares, las comunidades awajún se han organizado para para crear residencias estudiantiles dirigidas a los niños que viven lejos de los centros educativos. Pues, hoy en día, transportarse hasta el colegio implica un alto riesgo que los hace vulnerables a ser raptados por traficantes para explotación sexual.
“Han recuperado a niñas que las han encontrado en prostíbulos en San Martín, en Cajamarca, y los han podido regresar a su casa. Los mismos padres, familiares, van en su búsqueda. Nosotros queremos acciones concretas en el territorio,” relata Pioc.
Adolescentes awajún y wampís son la población más afectada por el incremento del virus - Crédito AndinaLínea de tiempo de los hechos
Como se recuerda, el jueves 13 de junio, el ministro de Educación, Morgan Quero, al ser consultado sobre estos datos, afirmó que dichas acciones podrían ser una “práctica cultural” para la construcción familiar, declaraciones que generaron fuerte indignación en los pueblos indígenas.
Estas declaraciones fueron respaldadas por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, quien reafirmó lo dicho por Quero, que se tratan de “prácticas culturales que debemos desterrar”, generando críticas.
Como respuesta, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, calificó de discriminatoria la posición del ministro y recalcó que “175 docentes fueron denunciados por este delito, pero solo 121 fueron separados”.
Y, el Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampis (GTANW) emitió el 15 de junio un pronunciamiento firme ratificando que los abusos perpetrados por docentes en esta región amazónica no son prácticas culturales, sino delitos que deben ser castigados, a pesar que luego el ministro de Educación señaló que sus declaraciones habían sido “tergiversadas” y que “no hay justificación alguna” para los abusos reportados.
Fotos: Inforegión/ MoccicAdemás, el primer gobierno autónomo indígena del Perú alertó que algunos de estos docentes continúan enseñando en las aulas y denunció la falta de respuesta del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Amazonas ante los informes enviados para sancionar a los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local.
En ese marco, el aumento de casos de VIH en la provincia de Condorcanqui también es motivo de preocupación. Según Pioc, varios docentes denunciados por abuso sexual eran portadores del virus.
No obstante, a pesar que en 2022, la Municipalidad de Condorcanqui declaró al VIH como un problema de salud pública y la Red de Salud de Condorcanqui informó que se registraron 1.700 casos de VIH en los últimos cinco años, —siendo 185 en 2023, incluyendo 35 madres gestantes, 12 de ellas adolescentes— , las acciones para detener el avance de esta enfermedad en el territorio son insuficientes.
Minería ilegal, la otra amenaza vinculada al abuso sexual en Condorcanqui
En el marco de esta problemática, cabe recordar que las actividades de minería ilegal en el territorio awajún representan una amenaza que, además de afectar su territorio y autonomía en la gestión de sus recursos, ponen en riesgo la seguridad de la población.
Esto debido a que las comunidades denuncian, desde hace años, que la economía ilegal genera múltiples consecuencias que han resultado en abusos sexuales, entre otros actos de violencia, contra mujeres y menores, misma situación que ya han alertado los wampís.
