Los libertarios del carajo están hasta el cuello de negocios con el Estado
Los que prometieron "terminar con la casta" hoy son la expresión más pura y descarada de ella.
Empresas vinculadas a Martín Menem y su familia acumulan contratos millonarios con el Estado nacional. Lo que se presenta como "libertad de mercado" es, en los hechos, una maquinaria aceitada de privilegios, acomodos y licitaciones públicas.
Prometieron barrer con la casta. Venían a romper los privilegios del poder. Gritaban a los cuatro vientos que se acababan los curros, las contrataciones digitadas, los vínculos oscuros entre política y negocios. Pero apenas transcurridos ocho meses de gobierno libertario, la realidad muestra lo contrario: los paladines de la nueva moral se alimentan con la misma cuchara que la vieja casta, y hasta han perfeccionado sus prácticas.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y rostro visible del oficialismo libertario en el Congreso, es el nombre detrás de una red de empresas que no para de facturar millones gracias a licitaciones públicas. Mientras en redes sociales y medios locales se muestra como un cruzado contra los privilegios, en las sombras sus vínculos empresariales —aunque legalmente “cedidos”— se nutren del dinero estatal como en los peores tiempos del menemismo noventista. Un déjà vu familiar.
La firma Tech Security SRL, que estuvo a nombre del propio Martín Menem hasta diciembre de 2023, fue preadjudicada por el Banco Nación con un contrato de más de 3.900 millones de pesos para brindar servicios de seguridad en diversas sedes de la entidad. Como si fuera poco, el contrato contempla la posibilidad de renovación por dos períodos más. ¿Libre competencia o libre acceso al poder?
Los defensores de este tipo de prácticas apelan al formalismo legal: “Menem ya no figura como socio”. Sin embargo, las acciones fueron cedidas a sus hermanos, Fernando y Eduardo Menem, en una jugada tan predecible como cínica. La operación quedó registrada, como quien maquilla el delito sin borrar las huellas.
Tech Security no está sola. Otras empresas del clan también engordan gracias al presupuesto público. Global Protection Service (GPS) Group, otra compañía ligada a la familia Menem, lleva facturados casi 3.000 millones de pesos desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Entre los contratos, aparecen servicios de seguridad para el Teatro Cervantes y las instalaciones de Ezeiza del ENARGAS. Negocios que, casualmente, antes estaban en manos de Tech Security.
Y si todavía faltaban conexiones turbias, aparece el nombre de Nicolás Hazaff, conocido como “El Turco”, un personaje vinculado a Fernando Menem, que oficia como articulador entre las empresas y los contratos. A su vez, La Bizantina S.G. S.A., firma de limpieza vinculada también al entorno Menem-Hazaff, facturó 1.300 millones de pesos, incluyendo un contrato adjudicado por la Cámara de Diputados que conduce el propio Martín Menem, por 694 millones de pesos. Juez y parte, socio y contratante. Un negocio redondo.
La doble moral como doctrina
Resulta inevitable detenerse en la dimensión moral del asunto. No se trata solo de dinero, sino de la fractura ética que exhiben quienes se autoproclamaron redentores del sistema. Los mismos que demonizan el rol del Estado para la salud, la educación o la cultura, lo consideran un botín legítimo cuando se trata de engordar sus bolsillos. Privatistas para lo público, estatistas para los negocios propios.
La narrativa libertaria cae en pedazos. El discurso anticasta se transforma en caricatura: los que llegaron a la política denunciando acomodos familiares y corrupción estructural se funden con la vieja oligarquía dirigencial. Son más casta que la casta. En los hechos, han convertido al Estado en una agencia de colocación para sus empresas, amigos y testaferros.
La Argentina ya ha visto esta película. Durante el menemismo, que no por casualidad lleva el mismo apellido, se incubó un modelo de negocios privatistas en el que las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujaban para beneficio de unos pocos. Hoy, con una estética más radicalizada y discursos libertarios impostados, asistimos a una reedición aggiornada de aquel saqueo.
Más casta no se consigue
La idea de transparencia, meritocracia, república, fue vaciada de contenido. La moralina tuitera no resiste el cruce con los boletines oficiales. El dogma anticasta no solo se diluye: hace agua por todos lados. Las licitaciones públicas son ahora moneda corriente entre los libertarios, que justifican lo injustificable con tecnicismos legales y opacidad institucional.
En definitiva, el nuevo régimen no trajo libertad ni limpieza. Trajo negocios de familia, tráfico de influencias, contratos millonarios y el regreso de las viejas prácticas políticas que prometieron erradicar. Como decía Fontanarrosa, la moral depende del precio, y el precio en este caso ya está a la vista: más de 8.000 millones en contratos directos con el Estado.
