La mentira como política de degradación del Estado y la institucionalidad
Apertura de sesiones 2026
El discurso de Javier Milei en el Congreso expuso una trama sistemática de falsedades, agravios y distorsiones que excede la retórica partidaria y compromete la salud institucional de la democracia argentina. Entre datos manipulados, ataques a la oposición y desprecio por la evidencia, la palabra presidencial se convirtió en un factor de degradación republicana.
Anoche, en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei pronunció un discurso que ya no puede leerse sólo como un acto de propaganda política: fue una operación sistemática de desinformación, agresión y degradación institucional. Lo que aquí se analiza no es una percepción aislada sino un balance crítico apoyado en verificaciones públicas y en el propio registro del acto oficial.
Lo primero que emerge es la cadena de afirmaciones falsas, exageradas o directamente engañosas que atravesaron la intervención presidencial. Diversos chequeos documentaron cómo el mandatario recurrió a datos inexactos, cifras manipuladas y comparaciones sin sustento para sostener una narrativa triunfalista: desde supuestos logros macroeconómicos hasta atribuciones parciales o distorsionadas sobre reformas y políticas públicas. Esa mezcla de hechos reales, medias verdades y falsedades tiene un efecto político claro: confundir al público para construir legitimidad a partir de la desinformación.
Pero el problema no es sólo la inexactitud. La forma también importa —y mucho—: el discurso estuvo atravesado por un tono deliberadamente hostil, con calificativos que deshumanizan a adversarios y colocan a la oposición y a sectores críticos en el lugar de la criminalidad o la traición. Ese lenguaje no es retórica efímera: es práctica política que legitima la intolerancia y normaliza el señalamiento público como herramienta de poder. Cuando la palabra presidencial se utiliza para estigmatizar, el mensaje que se irradia hacia la sociedad es inequívoco: el disenso no es legítimo, es enemigo.
Degradación del valor de la evidencia
En términos institucionales, la gravedad es múltiple. Un jefe de Estado que desdibuja la frontera entre crítica política y difamación, que recurre a datos manipulados y que alienta la circulación de información errónea desde canales oficiales erosiona las bases de la república: verdad pública, deliberación informada y responsabilidad democrática.
La persistencia de ese estilo degrada el valor de la evidencia y socava el rol de las instituciones de control —prensa, organismos técnicos, Parlamento— cuya función es precisamente confrontar el poder con hechos verificables.
Desde la política pública, las promesas grandilocuentes sin respaldo técnico —balances macroeconómicos presentados como éxitos absolutos o reformas complejas reducidas a consignas— no sólo son engañosas: son peligrosas. Reformas estructurales comunicadas en términos simplistas ocultan costos sociales concretos y dificultan la evaluación democrática de sus consecuencias. Cuando la narrativa que las sostiene se apoya en medias verdades, la discusión pública se empobrece: no es posible debatir seriamente si los datos que organizan el debate están distorsionados.
Hay además una dimensión cultural del discurso que no puede soslayarse: la construcción de una épica personalista que se presenta como sustituto de la institucionalidad. El líder se ubica por encima de mediaciones, controles y procedimientos, y transforma la confrontación permanente en identidad política. Esa lógica plebiscitaria —que reduce la política a adhesión o rechazo— es incompatible con la tradición republicana, basada en el equilibrio de poderes, el pluralismo y la negociación democrática.
Falsedades y agravios
Frente a este cuadro, la reacción no puede ser la naturalización ni el cinismo. Nombrar con precisión lo ocurrido es el primer paso: no se trató de “excesos verbales” ni de una polémica coyuntural, sino de un discurso de Estado atravesado por falsedades y agravios. La verificación pública y el periodismo riguroso resultan hoy herramientas esenciales de defensa democrática. También lo es el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control y transparencia, para que el debate político vuelva a anclarse en evidencia y no en consignas.
No se trata de una cuestión de estilo: es una cuestión de democracia. Cuando el presidente utiliza la tribuna del Congreso para difundir afirmaciones falsas y hacerlo además con un tono que incita al rechazo y la hostilidad, la República recibe un daño silencioso pero profundo: se degrada el lenguaje público, se reducen los márgenes del debate razonado y se legitima el ataque como forma de acción política. La consecuencia es una sociedad más polarizada, más desconfiada y más vulnerable a la manipulación.
Consensos erosionados
La democracia argentina ha atravesado crisis severas y ha sabido reconstruirse sobre consensos básicos: verdad, responsabilidad y respeto institucional. Esos consensos son los que hoy aparecen erosionados por un discurso que reemplaza la deliberación por la descalificación y los datos por la propaganda. La tarea democrática, entonces, es doble: desmontar las mentiras con hechos y, al mismo tiempo, reconstruir las condiciones de un diálogo público basado en evidencia y respeto.
Ayer, en el Congreso, no sólo se inauguró un nuevo período legislativo: se expuso con crudeza una forma de ejercer el poder que trivializa la verdad y exacerba el conflicto como identidad. No podemos naturalizarlo. Porque cuando la mentira se vuelve política de Estado, lo que se degrada no es sólo el debate: es la propia calidad de la democracia.
