Importaciones, caída del consumo y ajuste: cómo las políticas nacionales empujan al cierre de la industria textil
La apertura de Milei sigue arrasando la industria nacional.
La crisis de la industria textil argentina suma un nuevo capítulo dramático y vuelve a poner en el centro del debate el impacto de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei. Esta vez, la noticia golpea de lleno a una empresa con más de un siglo de historia: Emilio Alal, fundada en 1914, confirmó el cierre total de sus plantas productivas de hilados y telas en las provincias de Corrientes y Chaco, dejando a más de 260 trabajadores sin empleo.
La decisión fue comunicada oficialmente a través de un mensaje interno dirigido al personal, donde la compañía explicó que el cierre responde al “actual contexto económico y comercial adverso”, una definición que en los hechos traduce el efecto combinado de la apertura indiscriminada de importaciones, la fuerte caída del consumo interno y el encarecimiento de los costos de producción.
Desde la firma señalaron que la competencia con productos importados —nuevos y usados—, sumada a los elevados costos financieros, energéticos, laborales y a la presión impositiva, terminó por volver inviable la continuidad de las operaciones. “No se avizoran cambios de relevancia en el corto y mediano plazo”, advirtieron, en una frase que refleja el desaliento que atraviesa a gran parte del entramado industrial argentino.
El caso de Emilio Alal no es aislado. Muy por el contrario, se inscribe en una ola de cierres, suspensiones y despidos que se acelera desde la llegada del nuevo modelo económico, que prioriza la desregulación y la apertura externa por sobre la protección de la producción nacional y el empleo.
En los últimos días, Grupo Dass, fabricante de zapatillas para marcas internacionales como Nike, Adidas y Fila, despidió a 43 trabajadores en su planta de Eldorado, Misiones, y mantiene producción asegurada solo hasta junio. La empresa ya había cerrado en enero de 2025 su planta de Coronel Suárez, profundizando el proceso de ajuste.
A esto se suma la situación de Eseka S.A., productora de lencería para marcas reconocidas, que despidió a 140 empleados en su planta del barrio porteño de Parque Chas. Allí, el conflicto escaló con protestas, tensión sindical e intervención policial, tras la decisión empresarial de pagar salarios, aguinaldos y vacaciones en cuotas.
Otro caso emblemático es el de TN & Platex, que cerró por tiempo indefinido su planta en Los Gutiérrez, Tucumán, suspendiendo a 190 trabajadores. Aunque la empresa intentó gestionar reubicaciones, la pérdida de puestos de trabajo es un hecho concreto.
Los números del sector confirman la gravedad del escenario. Según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad textil cayó 24% interanual en octubre de 2025, muy por encima del promedio de la industria manufacturera. La utilización de la capacidad instalada se desplomó al 32,5%, niveles comparables a los peores momentos de la pandemia.
El empleo formal también sufre el ajuste: solo en el último año se perdieron más de 16.000 puestos registrados en el sector. Detrás de cada estadística hay familias, economías regionales y comunidades enteras que pagan el costo de un modelo que, lejos de fortalecer la industria nacional, la expone a una competencia desigual y la empuja al cierre.
Mientras el Gobierno nacional insiste en que el “mercado se acomoda solo”, la realidad muestra fábricas apagadas, trabajadores despedidos y una industria textil que se desangra sin señales de contención ni políticas activas. La pregunta que queda flotando es cuánto más puede resistir el entramado productivo argentino antes de un daño irreversible.
