Desguace del Estado nacional: 400 trabajadores riojanos en la cuerda floja por el ajuste de Milei
ATE La Rioja advierte que la disolución de organismos nacionales pone en riesgo la continuidad laboral de cientos de empleados públicos en la provincia.
El secretario general de ATE La Rioja, Alfredo Arana, alertó sobre el crítico panorama que enfrentan cientos de trabajadores estatales nacionales en la provincia, en el marco del desmantelamiento de organismos públicos dispuesto por el Gobierno nacional. Según advirtió, alrededor de 400 personas podrían perder sus empleos ante la posible disolución de instituciones como el INTA, INTI, Vialidad Nacional, entre otras con presencia en La Rioja.
Arana recordó que desde el sindicato venían advirtiendo sobre la intención del Ejecutivo de avanzar con decretos que permitieran el cierre de estas entidades, muchas de las cuales cuentan con décadas —e incluso casi un siglo— de trayectoria institucional. “El 8 de julio finalizaron los superpoderes otorgados por el Congreso y, ese mismo día, con la firma del presidente, se ejecutaron las medidas más drásticas. Se configuró el peor escenario”, denunció.
La preocupación se profundiza ante la falta de certezas sobre el destino de los trabajadores. “En los últimos meses ya se produjeron cerca de 200 despidos en La Rioja, y ahora hay otros 400 empleados que podrían quedar en la calle. Están a merced de la lapicera de Caputo. Se habla de cesantías, retiros voluntarios o directamente la no renovación de contratos. Esto no es solo un ajuste económico: es un golpe al federalismo”, remarcó.
El dirigente sindical enfatizó que el impacto trasciende lo laboral, alcanzando también lo territorial y estructural. “Con el desmantelamiento de estos organismos no solo se pierden puestos de trabajo, sino que se debilita la presencia del Estado en el interior del país. Es una recentralización que concentra el poder en Buenos Aires y deja a las provincias a la deriva”, sostuvo.
Desde ATE anticiparon que continuarán impulsando medidas gremiales y presentaciones formales para frenar lo que consideran un atropello contra el empleo público y el desarrollo federal. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estamos defendiendo fuentes laborales, pero también el rol del Estado en la vida y el progreso de las provincias”, concluyó Arana.
